El Comité de Competición de la
Federación
Española de Ciclismo archivó el procedimiento
abierto a
decenas de ciclistas, por estar presuntamente implicados
en una
red de dopaje descubierta por la Guardia Civil en el mes de mayo 2006.
Todos los estamentos ciclistas saben que el dopaje en España
no
es delito penal, sólo se castiga el comercio, venta y
trafico de
sustancias dopantes con fines lucrativos. Por tanto, era absurdo que
por
la vía deportiva se castigara a los
corredores sin dejarles competir y sin
ningún tipo de pruebas, a los presuntos
implicados se les negara su derecho constitucional de la
presunción de inocencia. Además, ningún
ciclista de los encausados había dado positivo en
un
control antidoping. Todo se basó en sospechas interesadas.
El juez del caso declaró que las pruebas
judiciales no
se pueden usar en la vía deportiva y ahí
empezó la
desbandada ante el temor justificado de que los afectados presenten
millonarias demandas de indemnización por el
hecho de
haber sufrido un juicio paralelo, de haberles señalado ante
la
opinión pública como culpables de dopaje, de
haberles
impedido correr desde hace siete meses y no haber podido ir ni al Tour
de Francia ni la Vuelta a España. Todo esto
basándose en
la existencia de un código ético firmado por los
equipos
participantes. ¿Desde cuándo un
acuerdo de entidades privadas prevalece antes que la propia ley de un
país? La lavada de manos al
estilo de Poncio Pilato ha sido espectacular.
Lo mismo que no se respetó el secreto del
sumario y documentos oficiales se
filtraban a los medios de comunicación y entidades ciclistas,
por personas que están denunciadas por los ciclistas en el
juzgado, entre ellos están Eugenio Bermudez secretario de la
Federación de Ciclismo Española, por
revelación de
secretos y datos confidenciales de la persona. También hay
encausado un teniente de la Guardia Civil y el director del Consejo
Superior de Deportes, Rafael Blanco, por un delito de
prevaricación y falsedad en documento.
La Federación
Española de Ciclismo dice ahora
que las licencias de los corredores nunca han sido
suspendidas por ella,
echándole el muerto a los equipos ciclistas, que a
su vez
estaban amarrados por un código ético. Con los
cual El Tour y la Vuelta hacían y
deshacían a su antojo dejando participar a
los que ellos querían y rechazando a los presuntos
implicados, sin saber si eran inocentes o culpables.
Todo en la vida se arregla, así que si los
corredores son listos y se unen en demandas por daños y
perjuiciosss podrán ver
restituido su honor con una porrada de millones para
cada ciclista y los paganos serán los que se
tomaron la justicia por su mano:
Tour de Francia, Vuelta a España, Federación
Española de Ciclismo, la UCI y los medios de
comunicación
que no respetaron el secreto del sumario.
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